Petróleo, coca, selva y sangre: el coste oculto de la alianza con China

Publicado el 1 de febrero de 2024, 20:26

Por Jesús Trejo

Tiempo estimado de lectura: 12 min

 

Hace tan solo diez años Ecuador era una pacífica excepción en la convulsa región del Pacífico sudamericano. Hoy día se encuentra entre los países con la tasa más alta de homicidios por arma de fuego. Como siempre, los noticiarios sensacionalistas al servicio del Poder nos han ofrecido una versión sesgada de la violencia desatada en este mes de enero, con pandilleros campando a sus anchas respaldados por los grandes cárteles de la droga, ante la impotencia del Estado que se ve desbordado por la virulencia de estos criminales, y frente a lo cual no tiene otra que desplegar al Ejército. “Hace falta más Estado”, concluyen.

 

Veámoslo desde otro punto de vista.

 

Hace veinte años, a principios del siglo XXI, las elites financieras y propietaristas del Ecuador, estructuradas como Estado, vieron la oportunidad de enriquecerse y explotar más eficazmente a los pueblos englobados en sus caprichosas fronteras “nacionales”, aliándose con el eje asiático, y apostando por la industria extractiva, hierro, cobre y especialmente petróleo, de gran impacto ecosocial, habida cuenta de la demanda que el pujante imperialismo oriental y su aliado, la potencia local brasileña, tenían sobre las materias primas almacenadas en las tierras indígenas.

 

Para que la jugada fuera bien digerida y aceptada por la población autóctona , las elites económicas mencionadas hicieron erigirse a la cabeza visible del gobierno a un economista, Rafael Correa, al frente de Alianza PAIS, que con un discurso populista de izquierda quiso comprar la voluntad de amplios sectores populares con inversiones públicas en educación y sanidad, presentando al Estado y las fuerzas del Orden con una cara amable y de proximidad, y un discurso de progreso entendido como extractivismo despiadado de los recursos naturales del interior, solapado bajo melifluas palabras recogidas en la Constitución de 2008, de respeto a la biodiversidad, la naturaleza y el “buen vivir” (título VII de la Constitución). Además, el cambio de bando de la plutocracia ecuatoriana hacia el nuevo aliado oriental chino se vio refrendado por la extinción del contrato de la base militar estadounidense en Manta, que cumplía una importante labor disuasoria en el negocio de la droga. A la vez, se reclutaba para las filas del Estado a los movimientos de bandas callejeras, Latín Kings y otros, vinculados con los carteles mexicanos y colombianos, abriendo nuevas rutas logísticas con el movimiento de cocaína hacia Europa y EE. UU., y que sobre todo facilitaba la tarea de guerra asimétrica del gigante asiático debilitando a sus enemigos occidentales, saturándolos de psicotrópicos. Aquí es de reseñar la figura de las mafias albanesas, que son las que ahora controlan la entrada de droga a Europa desde Ecuador, seguramente auspiciadas por los contactos históricos entre chinos y albaneses. La guerra del opio a la inversa, el karma de la historia.

 

Obviamente, el rechazo en el seno de las comunidades indígenas comenzó cuando se empezó a concretar ese “buen vivir” constitucional, como un mal morir, y comenzaron a organizar su repulsa al atentado a sus comunidades y sus modos de vida con manifestaciones políticas y con actos de sabotaje sobre las prospecciones extractivas que se realizaban en sus territorios ancestrales. Por otro lado, bien pronto se vio que las ayudas económicas por parte de la línea de crédito Del Banco Chino iban a imponer unas condiciones leoninas que prácticamente comprometían la misma soberanía de Ecuador y sus recursos, hipotecados como aval.

 

Esta situación fue también aprovechada por el sector prooccidentalista de las elites ecuatorianas para aglutinar el descontento contra el extractivismo compulsivo de Correa y sus secuaces prochinos, para captar la confianza de los movimientos populares y mantenerlos dentro de los cauces institucionales y volver al viejo status quo de hegemonía yanki. Para ello se sirvieron de la denuncia de los pagos por los servicios prestados a la cúpula del gobierno de Correa por parte de las megaempresas del nuevo aliado oriental.

 

Fernando Villavicencio, uno de los candidatos a la presidencia en las elecciones de 2023 que fue asesinado una semana antes de los comicios, era un periodista de investigación reconvertido a la política que destapó las conexiones con la industria petrolera china que el presidente Correa y su equipo mantenía y de las que se lucraban. Por un lado, al avalar el pago de la deuda adquirida con Petrochina mediante barriles, permitió que la empresa intermediaria Gunvor, vinculada a bancos europeos, entre ellos ING Bélgica, los subastaran a precio de mercado, y no a precio tasado como se había consignado en el acuerdo, consiguiendo con ello unas plusvalías tremendas (casualmente, el expresidente Correa está exiliado…en Bélgica). Solo con esta diferencia en el precio de los 1.500 millones de barriles comprometidos ya se habría pagado la deuda a China.

 

Por otro lado, el caso Obedrecht, también conocido como “arroz verde 502”, fue aireado por Villavicencio, donde se exponía cómo la multinacional brasileña, (que ya costeaba el apartamento de lujo de Lula da Silva y el lujoso tren de vida del peruano Ollanta Humala), en comandita con otras macroempresas filochinas, había sufragado con varios millones de dólares la campaña política para mantener a “Alianza PAIS” al frente del gobierno en la década de 2010. Villavicencio ya se había hecho notar desde sus incipientes pasos profesionales en la industria petroextractiva, con sus constantes informes contrarios a las prospecciones, pero lejos de representar la defensa de los derechos inalienables de los pueblos indígenas sobre sus tierras, era partidario de un acceso a las riquezas del subsuelo de manera más “suave” y nacional, más “persuasivo” con las comunidades a las que habría que esquilmar y contaminar. Así que cuando las protestas populares arreciaron, el Estado tenía preparado un recambio para poner vaselina a las tareas impopulares, y tanto Villavicencio como el movimiento en defensa de los indios, Pachakutik, fueron engullidos por el amplio movimiento antiCorrea, que se va nucleando en torno a la figura del magnate Daniel Noboa-proestadounidense.

 

No obstante, Villavicencio tampoco parecía ser manejable por el sector prooccidental que momentáneamente dominaba la cúpula del Estado ecuatoriano ya desde 2018, y seguramente porque su integridad le impediría plegarse a las nuevas felonías políticas, fue abandonado a su suerte y asesinado a tiros durante un acto electoral. Parece ser que era conocedor de un informe que vinculaba el estamento policial con el crimen organizado, y que involucraba a toda la estructura del Estado, incluyendo varios narcogenerales del ejército, y que detrás del gatillo se esconde la mano negra del expresidente Correa.

 

Actualmente en el Ecuador existe una lucha en la elite entre los dos bandos imperialistas, y la tensión social refleja esa crispación. En el gobierno actual de Daniel Noboa, el hijo de un multimillonario del sector primario (la banana), que defiende los intereses norteamericanos, ha logrado, de momento, imponerse sobre la alternativa de la izquierda filochina, heredera del prófugo Rafael Correa. En el nuevo escenario de tira y afloja entre las dos superpotencias, el pueblo ecuatoriano sufre las embestidas de los sicarios, de la Policía y de sus FF.AA infiltradas por cuadros pagados por los carteles, y de las multinacionales rapiñeras, y de los dos bloques imperialistas que se disputan, como antaño, zonas de influencia de las que alimentarse con sus recursos.

 

Lejos de ausencia de Estado, lo que hay es una presencia asfixiante del mismo, que busca arrebatar la soberanía sobre los territorios indígenas que precariamente se resisten a ser devorados por el progreso destructivo. La presencia de la droga, utilizada como recurso geopolítico, ha hecho de Ecuador un nuevo narcoestado, que, implantando el caos y el miedo, facilitará sin duda las tareas de apropiamiento del resto de territorios indígenas para implantar las demoledoras industrias ultradepredadoras e hiperdestructivas del entorno social y ecológico, que tanto un bando como otro demandan.

 

Jesús Trejo

 

 

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