Editorial 37 - República o monarquía, caretas de la tiranía

El día 14 de abril se cumplirán 85 años de la implantación de la II República española. Nostálgicos del relato de las izquierdas pasearán de nuevo la vetusta bandera tricolor sin pararse ni un momento a pensar que ese emblema fue usado para atestar las cárceles con gentes humildes, fusilar campesinos que ocupaban fincas otrora comunales y asesinar a miles de obreros y gentes del pueblo, como ocurrió durante la revolución proletaria en Asturias y otras zonas levantadas en octubre de 1934, masacrados por tropas comandadas por el defensor acérrimo del orden republicano, el general Franco^[1].

El día después de que se proclamara con algarabía la nueva forma institucional del Estado español en la primavera de 1931, el cuerpo social se mantuvo intacto: los empresarios seguían siendo explotadores, los terratenientes caciques, las fuerzas del orden y el ejército seguían comandadas por personajes ajenos al pueblo y afines a las élites, y las gentes trabajadoras seguían malviviendo y maldiciendo su suerte. El único cambio fue que ahora se llamaban “camarada empresario” y “compañero terrateniente”.

Algunos dirán, “No, es que en ese momento de máxima represión gobernaba la CEDA, que claro, era la derecha”… ¿Entonces, qué carajo hacéis llevando una bandera de un régimen que legitima el gobierno de facciosos? ¿No era aquello una “república democrática de los trabajadores”, como reza pomposamente el artículo 1 de la Constitución de 1931?

Además de que no es verdad que las mil maldades y tropelías que se hicieron durante la II República contra las gentes humildes, generalmente del campo, fueran por una cuestión relacionada con qué partido gobernaba en ese momento, sino que la represión sanguinaria estaba avalada por el orden constitucional y fue una constante en los cinco largos años de su vigencia, antes del levantamiento militar. Leyendo los diferentes artículos que vertebran la constitución de 1931, éstos recogen cándidamente los derechos de los españoles: libertad sin detención justificada judicialmente (art. 29), libre circulación por el territorio (art. 31), libre expresión de ideas (art. 34), libre reunión pacífica y sin armas (art. 38), y libre asociación sindicada (art. 39). ¡Qué bonito, qué progresista! Claro, siempre que no esté en peligro la “seguridad del Estado”. Porque si eso ocurría, las anteriores prebendas se borraban de un plumazo (art. 42) y se exigía a las Fuerzas de Seguridad aplicar con el máximo rigor el código civil para preservar el orden constitucional, es decir, asegurar las propiedades de los terratenientes y empresarios, o el buen orden económico que garantizaba pingües beneficios a las élites burguesas e intereses extranjeros.

La "Masacre de Casas Viejas" (enero de 1933) se produjo con la izquierda en el gobierno. Y fue el mismo general Franco quien dirigió, desde su despacho de Madrid bien adornado con la bandera republicana, el anticipo de guerra civil que se dio en octubre de 1934 en Asturias y otros focos insurreccionados, una matanza que se saldó con 2.500 muertos y decenas de miles de detenidos. Por otro lado, numerosas atrocidades se dieron igualmente en el período en que gobernó el presuntamente progresista “Frente Popular”, como la Matanza de Yeste de mayo de 1936. De hecho, la represión fue in crescendo desde que, en febrero de 1936, tomaron relevo las izquierdas, hasta casi el mismo día del alzamiento de la cúpula africanista del ejército. El mismo general Franco estuvo constantemente insistiendo en que la legalidad republicana amparaba su levantamiento, dado que el estado de desorden social hacía imposible el desarrollo económico de la nación y la aplicación de las leyes republicanas de orden público.

Los profesores de historia justifican las bondades de la II República amparándose en la intrépida "Reforma Agraria", que pretendía expropiar las tierras de las grandes familias terratenientes para repartirlas colectivamente entre los campesinos sin tierra. Pero, ¿en qué consistió realmente? En una ley de 1932 que nunca llegó a aplicarse, por la lentitud burocrática, por la oposición de la burguesía agraria y también por la total ausencia de implicación por parte del rural ibérico, cuya intención era la de recuperar sus tierras y bienes comunales, sustraídos por la misma izquierda liberal que se los arrebató con la Desamortización civil de Madoz del año 1855. Solamente una ínfima porción de campesinos adeptos al régimen republicano se beneficiaron de la Reforma Agraria, y solo por unos pocos años, pues las tierras que les entregó el Estado, el mismo Estado se las devolvió a los terratenientes después de la guerra civil.

Tampoco podemos hacernos muchas ilusiones con la supuesta  "Reforma Cultural republicana", pues la obligatoriedad de la enseñanza primaria data de 1857, con la Ley Moyano, sin olvidar que la dictadura de Primo de Rivera ya se había encargado de construir la mayoría de escuelas públicas del Estado, labor que simplemente continuaría la II República y, sobre todo, la dictadura franquista. Dicha Reforma Cultural de 1931 pretendía arrebatar a la Iglesia el monopolio educativo para que fuera el Estado, es decir, el ejército y la oligarquía económica capitalista, quien se hiciera cargo del poder ideológico de adoctrinar a la juventud. Las tan alabadas "Misiones Pedagógicas" se propusieron "llevar la cultura a los pueblos", como si las gentes del agro no tuvieran ya una rica cultura popular que el Estado pretendía arrancar de raíz para sustituirla por las vanguardias de intelectuales apesebrados por el poder de la Residencia de Estudiantes, como Federico García Lorca y el resto de universitarios burgueses urbanitas, arrogantes y soberbios,  que llamaban "paletos" y "gañanes" a los trabajadores del campo, tal y como hizo Luis Buñuel en su infame documental "Las Hurdes, tierra sin pan" de 1933, panfleto antipopular subvencionado por el Estado republicano, o el filofascista Salvador Dalí.

Algunos ilusos pensarán que fue un levantamiento popular el que provocó la caída del régimen borbónico en 1931, empujando al exilio al rey Alfonso XIII, bisabuelo del actual. Pero no. Fue un alto mando del ejército, entonces en la Guardia Civil, el general Sanjurjo, quien comunicó a Su Majestad que "no podía garantizar su seguridad", en otras palabras, que, o Alfonsito se largaba a Italia, o correría la misma suerte que Carlos I de Inglaterra, Luís XVI de Francia o Nicolás II de Rusia. Sí, la república la proclamó el ejército, no el pueblo, y sí, la II República la proclamó uno de los tres generales que dieron, poco después, el golpe de Estado en julio de 1936. La preferencia por la opción republicana significaba modernizar un Estado debilitado, empobrecido y a los pies de las potencias hegemónicas europeas, razón por la que uno de los principales proyectos de todos los gobiernos republicanos, de izquierda y de derecha, fue la llamada "Reforma militar". Como la II República no fue capaz de mantener el orden, los mismos militares que crearon el monstruo (Sanjurjo, Franco, Mola y compañía) decidieron abortar la criatura y sustituirla por un modelo de estado todavía más represivo, la dictadura fascista que ya se utilizaba en países europeos militarmente más desarrollados que España, como Italia y Alemania.

La pregunta no es "maléfica monarquía" o "benéfica república", sino qué estructura de poder sostiene un régimen, porque, si es una estructura jerárquica, donde los medios de subsistencia, de pensamiento y de coerción recaen sobre una élite dirigente, entonces da igual que la cabeza visible del Estado sea un rey o un presidente republicano. Hay que frotarse los ojos cuando se ve a gentes tan cultas y formadas, como son la intelectualidad pertrechada en el sistema educativo o en las esferas culturales, defender la superioridad del régimen republicano frente al monárquico porque al menos en el primero se puede elegir presidente y sustituirlo si éste falla en sus promesas, mientras que en el monárquico no se puede derogar la monarquía por referéndum. ¿Realmente es un cambio cualitativo? Veamos la actual república par excellence, la francesa, inspirada en la constitución de otra igualmente emblemática, la de Weimar de 1919, en Alemania.

La constitución republicana de Weimar sancionó el “hiperpresidencialismo”, haciendo que el presidente de la república fuera inmune al parlamento, con plenos poderes para disolver la Asamblea, para instaurar situaciones de emergencia y para convocar referendos y plebiscitos. Ni siquiera el primer ministro del gobierno elegido tenía esas prerrogativas. Nos preguntamos, irónicamente, si estos actos arbitrarios, centrados en la figura de una sola persona y por tanto claramente influenciable desde los poderes fácticos que dominan realmente las estructuras político-económico-mediáticas, son equiparables al papel de mero maniquí que tienen las monarquías.

Este hiperpresidencialismo fue copiado literalmente por la V República francesa, a instancias de Charles de Gaulle, entre 1958 y 1962, pero con un matiz aún más militarista y presidencialista. Si en la constitución alemana se exigía el plácet del canciller (primer ministro) en las decisiones del presidente, en la versión francesa se dispensó de este respaldo gubernamental al jefe del Estado, permitiendo que  actuara a todos los efectos como un perfecto tirano, dado que concentra en su figura de plenos poderes (art. 16),  convocar referendos (art. 11), la disolución del parlamento (art. 12) y el nombramiento del primer ministro (art. 8) Y si bien es cierto que el art. 35.1 de la constitución francesa exige que las declaraciones de guerra sean autorizadas por la Asamblea Nacional, en realidad nunca ha sido apelado en todas las operaciones especiales que el ejército ha realizado en todos estos años, especialmente en Argelia y en el Sahel^[2].

Ahora que en Irán vuelven a sonar trompetas regias para suplantar el acabado régimen republicano de los ayatolás, tenemos que insistir, una vez más, en la pantomima que significan las formas o estructuras del Estado, y atender más a su esencia como ente tiránico. Todas las constituciones, sean republicanas o monárquicas, contemplan en su articulado la sagrada defensa del ente estatal frente a las agresiones externas y a las internas, que se dan en forma de insurrecciones populares.

Había un decálogo jocoso sobre el jefe que se solía colgar en las pequeñas empresas, y que comenzaba con un artículo primero, en el que se decía que "El jefe siempre tiene razón". Y luego desarrollaba el resto de artículos donde se decía que, en caso de duda, se aplicara el artículo primero. Bueno, pues exactamente así de pueriles y bochornosamente estúpidas son las sacrosantas constituciones, repletas de buenas palabras y derechos, pero que, en definitiva, solo aplican los intereses de las élites que comandan la estructura de las instituciones. Ninguna constitución se cuestiona el carácter tiránico de las élites, ninguna recoge en algún punto que se puedan elegir anualmente y revocar a los mandamases de las finanzas, de las empresas, de los centros educativos, de los tribunales, medios de comunicación, aparato sanitario, ejército o policía…

Ser defensor de la república frente al régimen monárquico es una cuestión meramente decorativa, igual que vestir el rojo pasión o el solemne gris. Solo Versace o el Corte Inglés se aventurarían a decir que el traje llena de significado las estructuras que recubren, y es precisamente esto mismo lo que hacen los forofos del republicanismo o de las monarquías. Son sastres del desastre.

Notas

^[1] El meticuloso trabajo de recopilación realizado por Félix Rodrigo Mora sobre la masiva represión generalizada en todos los lugares de la geografía ibérica por el flamante poder republicano se encuentra recogido en su obra Investigación sobre la II República española, 1931-1936.

^[2] Un ogro en mi espejo. En Le monde diplomatique, pág. 8-9.